En el contexto de la cuarentena y de la “nueva normalidad” hemos podido apreciar la forma como la tecnología de la información (TICs), y especialmente las redes sociales, nos han permitido mantener cierta cercanía con nuestros familiares y amigos, además de facilitar el trabajo remoto. Sin embargo, de manera lamentable, esta situación también ha ocasionado que un problema ya conocido por todos nosotros adquiera un nuevo protagonismo: el acoso virtual.

Hemos sido testigos de cómo muchos profesionales del arte, especialmente bailarines y profesores, han sido víctimas de acoso virtual, cuando expresaban sus habilidades plásticas a través de las clases que transmitían en vivo a través de las redes sociales. No resulta necesario hacer alusión a cada uno de los nefastos comentarios que personas con identidades anónimas han dirigido contra las víctimas. Basta mencionar que se trata de un asedio por medio de comentarios con agresiones directas, constantes y con contenido sexual explícito (por ejemplo, requiriendo que se retiren prendas de vestir y expongan partes de su cuerpo o preguntando por el precio de los servicios sexuales de los intérpretes).

El ordenamiento jurídico peruano reprocha y sanciona este tipo de conductas de la forma más grave, al considerarlas nada más que delitos. Nuestro código penal considera que estos supuestos son casos de acoso (art. 151 – A) o acoso sexual (art. 176 – B) por medio de tecnologías de la información –concepto que abarca a las redes sociales–, dependiendo de las características propias del caso. Es importante mencionar que las sanciones a estos delitos son bastante graves, pues oscilan entre 1 a 5 años de pena privativa de la libertad, en las modalidades básicas; y, entre 4 a 8 años, en las versiones agravadas. Entiéndase a la pena privativa de la libertad como “pena de cárcel”, en sentido lato.

Las personas que se hayan visto perjudicadas por la conducta delictiva de estos personajes anónimos se encuentran habilitadas a presentar una denuncia penal ante la Policía Nacional del Perú (art. 3 del Decreto Legislativo n° 1148 – Ley de la Policía Nacional del Perú) o ante el propio Ministerio Público (art. 1 del Decreto Legislativo n° 52 – Ley Orgánica del Ministerio Público), quienes son las instituciones que ostentan la obligación constitucional de perseguir el delito en defensa de los derechos fundamentales y dignidad de los ciudadanos peruanos. Por ello, les correspondería a ellos iniciar una investigación formal y meticulosa respecto a estos hechos, y, de encontrar visos de delito, presentar el caso ante el Poder Judicial para su posterior juzgamiento (art. 1 del Decreto Supremo n° 17-1993-JUS – T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Aunado a lo dicho, téngase en consideración que, ante la noticia que ya ha venido circulando en las redes sociales y los noticieros nacionales, ambas instituciones han tomado conocimiento de lo ocurrido, por lo que se encuentran habilitadas a iniciar de oficio las diligencias preliminares para investigar y evitar impunidad (art. 11 del Decreto Legislativo n° 52).

De igual modo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha habilitado un canal de denuncias donde se puede registrar una alerta ante un caso de acoso virtual. Dicho canal se encuentra en el siguiente link: www.noalacosovirtual.pe Este medio aspira a brindar orientación a la víctima ante uno de estos casos, con el objeto de que pueda ejercer sus derechos d la mejor manera.